Importante ONG internacional denunció en la Justicia al Municipio de San Isidro
La ONG Amnistía Internacional denunció que en San Isidro se implementa un “protocolo ilegal” contra el aborto legal, seguro y gratuito.
Amnistía Internacional, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y concejales de la oposición presentaron una demanda judicial contra la gestión de Ramón Lanús. Aseguran que existen mecanismos internos que obstaculizan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud municipal.
Durante una conferencia de prensa realizada miércoles, organizaciones feministas, organismos de derechos humanos y representantes políticos denunciaron que el Municipio de San Isidro mantiene prácticas que dificultan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), un derecho garantizado por la Ley Nacional 27.610. La presentación judicial fue impulsada por Amnistía Internacional junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y dirigentes locales.
La directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional, Lucila Galkin, explicó que la organización recibe denuncias sobre el distrito desde 2024. Según detalló, una investigación permitió detectar la existencia de una instrucción interna no oficial dentro del Hospital Materno Infantil que establecería un circuito especial para quienes solicitan acceder a un aborto. “No es un protocolo público, no tiene firma ni fundamentos y no está publicado en ningún boletín oficial”, afirmó. También denunció que la medida coloca a los profesionales de la salud “entre perder su trabajo o cumplir con el marco legal vigente”.
Las organizaciones informaron que presentaron una nueva acción judicial para que se ordene el cese inmediato de las prácticas denunciadas y se garantice el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud municipal. Además, cuestionaron la falta de respuesta del Ejecutivo local ante los reiterados pedidos de información y diálogo realizados durante los últimos meses. La expectativa de los denunciantes es que la Justicia intervenga para adecuar el funcionamiento del sistema sanitario local a lo establecido por la legislación nacional vigente.
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Fuente: Infoban
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