Causa Atanor: indagatoria para directivos de la agroquímica y funcionarios por contaminar el Río Paraná

La Cámara Federal de Rosario hizo lugar a los recursos de la fiscalía y los vecinos de San Nicolás. Se acusa a seis responsables de la firma y a ocho funcionarios provinciales de controlar por la presencia de agroquímicos peligrosos en el agua y el suelo.

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dictó un fallo clave en materia de justicia ambiental: dispuso que el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo cite a declaración indagatoria a seis directivos de la empresa agroquímica ATANOR S.A., a cinco funcionarios del ex Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y a tres expresidentes de la Autoridad del Agua (ADA). Se los investiga por su presunta responsabilidad en la contaminación del Río Paraná y el suelo de la región.

Con esta decisión, los camaristas Silvina María Andalaf Casiello y Aníbal Pineda hicieron lugar a los recursos de apelación presentados por el fiscal federal Matías Di Lello (Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás) y la querella que representa a los vecinos afectados.

Una década de denuncias y pruebas de toxicidad

La batalla judicial comenzó en junio de 2014, cuando los habitantes de San Nicolás solicitaron investigar a la planta por presuntos delitos contra la salud pública e infracciones a la Ley N° 24.051 de Residuos Peligrosos y la Ley N° 22.421 de Conservación de Fauna Silvestre.

Según las denuncias de la comunidad y del Barrio Química, la empresa venía incurriendo de forma sistemática en el escapes de gas y emanaciones al aire, vertido de efluentes contaminantes y tendido de caños clandestinos hacia el Río Paraná, entierro de residuos tóxicos en las barrancas del río, y graves deficiencias edilicias y tecnológicas en la planta.

Además, los vecinos manifestaron sufrir serios daños en su salud, vinculando directamente el fallecimiento de varios habitantes del barrio con la actividad de la planta. Las pericias químicas confirmaron las alarmas: “Se detectó la presencia del herbicida atrazina en las aguas del río, y de los agroquímicos cipermetrina y trifuralina en el suelo”.

Las responsabilidades: De la empresa a los organismos de control

El dictamen fiscal divide los niveles de responsabilidad en un entramado que combina la acción empresarial con la omisión estatal:

• Directivos de ATANOR S.A.: Se les endosa haber contaminado el curso del río, el suelo y el aire mediante el vuelco de residuos peligrosos (categorizados como desechos Y4 en la ley vigente), poniendo en riesgo la salud de las poblaciones de los barrios Química y Ponce de León.
• Funcionarios del OPDS: Se los acusa de incumplir sus funciones públicas al haber omitido la fiscalización y el control ambiental sobre los elementos contaminantes.
• Autoridades de la ADA: Se les imputa la total omisión del Código de Aguas provincial, absteniéndose de vigilar y supervisar las obras y el impacto dañoso de los efluentes en los bienes públicos y privados.

Un freno a las dilaciones judiciales

El llamado a indagatoria llega tras años de marchas y contramarchas. El juez de primera instancia había rechazado los pedidos de la fiscalía y los vecinos considerándolos “prematuros” o supeditándolos a pericias pendientes.

Al resolver el conflicto, la jueza Andalaf Casiello fue tajante al señalar el tiempo transcurrido: “La investigación lleva más de once años delegada en la fiscalía sin resolverse”. El tribunal de alzada determinó que el caudal probatorio acumulado es más que suficiente para convocar a los acusados y que las pruebas remanentes se valorarán en la instancia procesal correspondiente, destrabando así un reclamo histórico para el ecosistema del norte bonaerense.

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