Tensión en Olivos: Un megaproyecto inmobiliario de US$ 150 millones choca contra el fuerte reclamo vecinal por el colapso de servicios

Por Sabrina García

En su afán por extender la línea divisoria que divide la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano norte de la provincia de Buenos Aires, el distrito de Vicente López ha permitido construir torres en la costa transformando la fisonomía de barrio en altos bloques de hormigón de espaldas al río y sumando el agravante del colapso de servicios y conectividad de la zona.

Lejos de haber quedado atrás el impulso inmobiliario, la microzona conocida como ‘la Isla de Olivos, se vio alterada por el anuncio de un nuevo desarrollo residencial. El ex predio del Colegio San Andrés, ubicado en la calle Nogoyá 550 frente al río, se transformará en un complejo residencial compuesto por tres torres.

Con una fuerte inversión -que alcanza a medios de comunicación que ‘venden’ el proyecto en sus páginas- la firma Grupo Upgrade y WWAKE Group anunciaron que van a invertir US$ 150 millones en este megaemprendimiento.

El proyecto contará con 10.000 metros. El valor del metro cuadrado en la zona oscila entre los US$ 4500 y US$ 5000. “Estos precios se equiparan a los de las zonas más exclusivas de la capital, como Puerto Madero”, expresaron desde el grupo inversor para vender el proyecto.

Aunque las desarrolladoras adelantaron que el proyecto buscará “integrarse activamente con el entorno y con la comunidad”, vecinos agrupados en la ‘Movida Ambiental Vicente López’ mantienen un rechazo contundente. La controversia principal radica en las modificaciones a las normativas de construcción.

Los vecinos señalan que en el año 2020 la escuela pidió una excepción al Código de Ordenamiento Urbano. El objetivo fue poder construir en una zona catalogada como residencial (R1). En dicha área, denuncian, originalmente no estaba permitida la edificación de torres de 17 pisos, comercios ni oficinas.

Según los manifestantes, esta excepción le permitió a la institución vender su predio de la calle Rosales por un valor económico mucho mayor al que habría obtenido sin dicha modificación. Todo esto se habría dado a cambio de ceder un edificio por 25 años, lugar donde actualmente funciona una escuela municipal. Sin embargo, los vecinos afirman que ese predio cedido no podía venderse de todas formas, ya que se trataba de una “donación con cargo”.

El reclamo de la comunidad apunta directamente contra la gestión del ex intendente Jorge Macri, la actual intendenta Soledad Martínez y el Concejo Deliberante. Los acusan de avalar estas medidas e incumplir sus propias promesas de campaña, en las que aseguraban que terminarían con las excepciones inmobiliarias por considerarlas “corruptas e injustas”.

 

 

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Colapso de servicios y conectividad

Más allá de las presuntas irregularidades normativas, los habitantes de la zona advierten sobre las graves consecuencias prácticas de sumar aproximadamente 3000 nuevas personas al barrio.

Los vecinos que rechazan el proyecto califican al gobierno municipal de ser “cómplice de los inversores inmobiliarios” por planificar la ciudad en base a intereses económicos, llenando el barrio de torres innecesarias.

Los vecinos históricos, algunos con más de 20 años residiendo en el lugar, denuncian que la zona no cuenta con la infraestructura cloacal necesaria. Reportan un colapso generalizado: sufren problemas eléctricos, se ven obligados a solicitar camiones para el vaciado de cloacas y deben instalar bombas privadas para lograr tener presión de agua en sus domicilios.

“En donde antes vivía una o dos familias ahora viven cientos”, dice una de las vecinas que rechaza el proyecto.

Además, advierten la disminución de espacios absorbentes y áreas arboladas. Señalan que esto afecta directamente el esparcimiento de familias en calles que históricamente eran tranquilas, sin salida, y donde los niños solían aprender a andar en bicicleta.

Los denunciantes aseguran que el edificio original de la zona figura en el inventario del patrimonio arquitectónico e histórico de Vicente López.

A través de ‘Movida Ambiental Vicente López’, la comunidad ha formalizado dos exigencias principales: solicitan la urgente derogación de la Ordenanza de Excepción Nro. 37059 que habilitó la construcción y reclaman que la municipalidad “comience a elegir y proteger la calidad de vida de los ciudadanos y no el lucro de unos pocos”.

Gratitude yummi.club

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