Organizaciones ambientalistas de Escobar en alerta y movilización por la privatización de AySA

Denuncian que el nuevo marco regulatorio elimina controles de calidad del agua y habilita cortes por falta de pago. Anunciaron un cronograma de acciones que culminará el día de la apertura de sobres de la licitación.

Por Sabrina García

Organizaciones ambientalistas de Escobar convocan a una serie de acciones en rechazo a la privatización de AySA. “El 25 % de la población del partido de Escobar es provista por la empresa; el resto se abastece de forma particular del agua de las napas subterráneas y son potenciales usuarios del servicio”, destacaron.

El reclamo surge a partir de la decisión del Gobierno Nacional de privatizar nuevamente la prestación de agua potable y cloacas —que había sido reestatizada en 2006—, suprimiendo “el derecho humano al agua” como parte de “la entrega de la soberanía favoreciendo al poder económico”, sostienen las organizaciones.

Sobre el servicio

AySA presta servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en 26 municipios del conurbano bonaerense. La empresa fue declarada sujeta a privatización en la Ley Bases (2024). En el AMBA, la cobertura de agua potable llega al 75,3% de la población y la de cloacas, al 63,4%.

El 15 de mayo de 2026 el Gobierno oficializó en el Boletín Oficial el llamado a licitación pública para la venta del 90% de las acciones de la empresa que le pertenecen al Estado Nacional. A fines de abril, ya se había firmado con AySA un contrato de concesión sobre su actual zona de operación por 30 años, prorrogables por 10 más. Esto significa que el Estado mantendrá la potestad de decidir qué empresa y bajo qué condiciones prestará el servicio en el futuro, como ocurre con las concesiones de luz y gas, entre otras.

De acuerdo con los pliegos de condiciones de la licitación, la empresa que gane la compulsa (que debe acreditar al menos 5 años de experiencia en la prestación en grandes ciudades) deberá mantener al menos hasta 2031 todas las acciones, y a partir de 2032 podrá desprenderse del 39%, conservando siempre la mayoría (51%).

En América Latina, tres países prohíben en su Constitución la participación privada en la prestación de los servicios de agua y saneamiento: Bolivia, Ecuador (contempla excepciones) y Uruguay. Chile es el único país de la región que tiene casi todos sus servicios en manos de privados, mientras que en Brasil operan empresas mixtas, privadas y públicas en los distintos municipios y estados.

En la Argentina, desde 1980, la administración del agua está en manos de los gobiernos provinciales, con excepción del AMBA, que se encuentra bajo jurisdicción nacional (el servicio estuvo privatizado en los ’90 y volvió a estatizarse en 2006). A su vez, muchas provincias delegan la gestión de algunas localidades en gobiernos municipales o en cooperativas.

Qué denuncian las organizaciones

Los decretos de Necesidad y Urgencia N° 493/25 y N° 805/2025 establecen la habilitación a la privatización, la reestructuración de tarifas y el corte del suministro ante la falta de pago, pese a que el agua es un derecho humano fundamental establecido en la Constitución Nacional.

Desde el sector ambiental alertan que el nuevo esquema “elimina los controles de color, cloruros, cianuro, materias orgánicas y microbiológicas, lo que va a afectar la salud de la población”. Esto se debe a que el marco regulatorio fue redactado por el Ministerio de Economía y, según denuncian, “no incorporó todos los parámetros vigentes del Código Alimentario Nacional de la Secretaría de Salud”.

Frente a este escenario, proponen el siguiente cronograma de acciones:

• Martes 18/8 a las 11 h: Concentración en la Agencia de Planificación (APLA), ubicada en Callao 982. “Nos concentramos frente al organismo que planifica las obras de saneamiento para reclamar que vuelvan a activar las expansiones del servicio, hoy todas paralizadas. Principalmente, que se incorporen nuestros barrios en obras nuevas y se terminen las ya iniciadas”.
• Jueves 20/8 a las 13 h: Marcha al Ministerio de Economía (Hipólito Yrigoyen 250) acompañados por la CGT y las CTA. Protestarán contra la habilitación de los aumentos tarifarios, argumentando que “el incremento acumulativo en los servicios va a agudizar la situación de endeudamiento de las familias”.
• Jueves 27/8 a las 09:30 h: Movilización al Ministerio de Economía coincidiendo con la fecha de apertura de sobres con las ofertas de la licitación. “Iremos a repudiar esta entrega y a denunciar a cualquiera de las corporaciones del poder económico que pretenda quedarse con el agua y el saneamiento de nuestro pueblo”.

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