Ley de Glaciares: la Justicia rechazó el pedido de ambientalistas y siguen firmes las audiencias públicas

Por Sabrina García

Tras el cierre del registro que alcanzó la cifra récord de 102.116 personas inscriptas, el juez federal Enrique Alonso Regueira desestimó el pedido de suspensión presentado por organizaciones vecinales y ambientales. Con este fallo, quedó ratificado el cronograma de audiencias para este 25 y 26 de marzo en la Cámara de Diputados.

La medida cautelar, impulsada por diversos sectores que defienden los ecosistemas críticos, buscaba frenar el proceso al considerar que la modalidad de participación era “restrictiva”. Sin embargo, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 sostuvo que no se logró demostrar la “verosimilitud del derecho invocado” con la evidencia suficiente para suspender un acto del Poder Legislativo.

Participación bajo esquema mixto

El debate por la modificación de la Ley de Glaciares —un tema sensible para la protección de las reservas de agua dulce— se desarrollará bajo un formato que combina la presencialidad con la virtualidad:

• Miércoles 25: 180 expositores participarán de manera presencial en la Sala del Anexo C de la Cámara baja.
• Jueves 26: Otros 180 lo harán de forma remota.

Debido a la magnitud del interés, las jornadas se extenderán para cubrir cerca de 200 intervenciones diarias, sumando más de 28 horas de debate.

Para gestionar a los más de 100 mil anotados, las autoridades implementaron un sistema donde el resto de los inscriptos pudo cargar videos de hasta 5 minutos o ponencias por escrito. Todo este material quedará incorporado al expediente legislativo y fue canalizado a través del canal oficial de YouTube de Diputados.

El reclamo de exclusión

Uno de los puntos de mayor tensión, y que motivó el reclamo judicial, fue el criterio de selección de los oradores. Las organizaciones ambientales denunciaron una “exclusión”. Desde el oficialismo se defienden: la prioridad para hablar en vivo se otorgó a los primeros inscriptos de cada jurisdicción para “garantizar una representación federal”, dejando -de esta manera- a miles de ciudadanos fuera de la posibilidad de interpelar a los legisladores en tiempo real.

El proyecto, que surge de los lineamientos del Consejo de Mayo, ya cuenta con media sanción del Senado (lograda el 18 de diciembre) y fue aprobado por la Cámara baja el pasado 26 de febrero.

Desde el arco opositor y organizaciones ambientalistas sostienen que se vulnera principios constitucionales vinculados al derecho a un ambiente sano. Pese a las críticas, el oficialismo busca avanzar rápido: una vez concluidas las audiencias de esta semana, prevén firmar el dictamen en la primera semana de abril para llevar la reforma al recinto de manera inmediata.

Fuente consultada: Parlamentario

---

---