La Corte Suprema bonaerense confirmó que Atanor contaminó de manera irreversible el río Paraná

El máximo tribunal provincial dejó firme la sentencia por el volcado de efluentes industriales en San Nicolás. La resolución pone bajo la lupa la ineficacia de los controles estatales y desata un enérgico reclamo por una investigación integral sobre el impacto en la salud de la población y el ecosistema.

En un fallo histórico que marca un precedente definitivo en la jurisprudencia ambiental de la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia bonaerense confirmó que la planta de la empresa de agroquímicos Atanor, ubicada en la localidad de San Nicolás, provocó un “daño irreversible en el río Paraná”. Al rechazar un recurso interpuesto por la firma, el máximo tribunal dejó firme la sentencia que la responsabiliza por la contaminación del curso de agua con efluentes industriales derivados de su actividad productiva.

La resolución judicial es el resultado de un proceso que se extendió por 12 años, impulsado originalmente por la Asociación Civil Cuenca Río Paraná. La entidad logró demostrar de manera sistemática las irregularidades en la cadena de producción de la empresa y, fundamentalmente, la insuficiencia de las fiscalizaciones estatales.

Un conflicto de décadas y un presente alarmante

El caso había comenzado a ser tratado por la Corte en agosto de 2023, apenas meses antes de que la planta sufriera la explosión de un reactor. Aquel siniestro no solo dejó a un operario herido, sino que obligó a evacuar los barrios periféricos, donde los vecinos reportaron síntomas respiratorios y la aparición de extrañas manchas blancas sobre la vegetación, los vehículos y las veredas.

A este escenario se sumaron recientemente precisiones científicas alarmantes. Una serie de análisis realizados por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) del Conicet —sobre muestras recolectadas este año por la Autoridad del Agua (ADA)— detectó la presencia de agroquímicos y compuestos degradantes en las descargas pluviales que mueren en el Paraná.

Entre las sustancias halladas se encuentran glifosato, atrazina y concentraciones extremadamente elevadas de Atrazina-Hidroxi.

El rol del Estado

Uno de los puntos más severos del fallo radica en la ponderación del “marco de ilegalidad” bajo el cual operaba la compañía y las graves deficiencias de los organismos públicos que debían fiscalizarla. La sentencia señala explícitamente la falta de controles rigurosos por parte de la Autoridad del Agua (ADA) y del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, acusándolos de no verificar la totalidad de los compuestos químicos vinculados a la actividad de Atanor.

Esta desidia estatal se tradujo en hechos concretos durante el último año. Tras reiterados incidentes en las adyacencias del predio industrial, las inspecciones llegaron a detectar incluso una conexión clandestina, en paralelo a denuncias vecinales por la degradación de la calidad del agua destinada al consumo humano.

Hacia una investigación ambiental integral

Con la sentencia firme, la situación de Atanor en San Nicolás entró en una etapa de clausura formal. Actualmente, la firma se encuentra en proceso de relocalización luego de que la Justicia ordenara la suspensión definitiva de la producción de agroquímicos en dicha planta.

Sin embargo, organizaciones como Greenpeace Argentina y el Foro Medioambiental San Nicolás (Fomea) ya han puesto la lupa sobre el desmantelamiento, exigiendo un monitoreo riguroso y transparente de la limpieza y el traslado de los materiales para evitar que el daño se profundice.

El desafío actual pasa por determinar la verdadera dimensión temporal y territorial del impacto. Las organizaciones civiles exigen de manera urgente que el Estado asuma la obligación de implementar una investigación médica y ambiental profunda para determinar cuántas generaciones convivieron con el riesgo y qué secuelas persisten hoy en el ecosistema y en la salud de la población.

Gratitude yummi.club

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