Enrique Viale: “Una vez destruido un glaciar, no hay marcha atrás”
Mientras la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación apura el tratamiento de la reforma de ley y así dar luz verde a los intereses de las grandes transnacionales, el abogado ambientalista, Enrique Viales, explica las consecuencias de la reforma.
Entrevistado por la Revista Acción, el reconocido abogado ambientalista denuncia que la modificación de la Ley 26.639 busca favorecer intereses de grandes transnacionales, poniendo en riesgo las fuentes de agua de siete millones de personas. “Es una regresión ambiental de manual”, asegura Viale.
La reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar ha llegado a un punto crítico. Tras obtener media sanción en el Senado en un tratamiento express, la discusión se trasladó a una Cámara de Diputados rodeada de cuestionamientos por la transparencia del proceso. De los más de 100 inscriptos para la Asamblea Pública sólo pudieron participar 400 personas.
Además, en la jornada de hoy se llevó a cabo una reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, y de Asuntos Constitucionales, en donde se le dio espacio para exponer a funcionarios oficialistas y gobernadores afín. Tras lograr dictaminar, la iniciativa llega este miércoles al recinto en búsqueda la sanción definitiva.
Para Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), lo que está en juego no es solo un articulado técnico, sino la supervivencia de ecosistemas estratégicos. “A diferencia de otras leyes que pueden revertirse, esto es irreversible”, advierte.
Viale no duda en señalar que los cambios impulsados por el oficialismo tienen beneficiarios directos en el sector extractivo. Durante las recientes audiencias públicas, el abogado denunció vínculos estrechos entre legisladores y corporaciones mineras, mencionando específicamente proyectos como Vicuña (BHP), Veladero (Barrick Gold), Los Azules (Río Tinto/BlackRock) y Pachón (Glencore).
“La reforma está hecha a medida de grandes trasnacionales mineras. La gran minería es tan voraz que no quiere ningún tipo de límites”, sostuvo Viale.
Los pilares del conflicto: ¿Qué se busca modificar?
La ofensiva sobre la ley actual (aprobada en 2010) se centra en reducir la protección sobre el ambiente periglaciar, una zona clave donde nace el agua que irriga gran parte del territorio nacional. Los puntos más preocupantes señalados por los especialistas son:
- Desmantelamiento del IANIGLA: La reforma restaría autoridad al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (CONICET). Actualmente, el Inventario Nacional de Glaciares es la herramienta técnica indiscutible para definir qué áreas proteger.
- ‘Dumping’ ambiental provincial: La modificación permitiría que funcionarios provinciales decidan arbitrariamente si un glaciar tiene “relevancia hídrica” o no. Esto, según Viale, generaría una competencia entre provincias para relajar controles y atraer inversiones.
- Violación del principio de no regresión: Argentina es firmante del Acuerdo de Escazú, que prohíbe retroceder en los niveles de protección ambiental ya alcanzados.
El 0,3% que lo cambia todo
Uno de los argumentos recurrentes del sector minero es que la ley vigente “prohíbe la minería en todo el país”. Viale desmiente esto categóricamente: el área protegida por la Ley de Glaciares representa apenas el 0,21% o 0,3% del territorio nacional.
“Es una porción ínfima, pero es donde nacen los ríos. No es una ley antiminera; es una ley que protege el agua de siete millones de personas”, aclara el abogado.
Viale concluye con una advertencia sobre el efecto dominó que podría generar esta aprobación: “Se conoce que después van por la Ley de Bosques, del Manejo del Fuego, por la Ley de Tierras; ya lo dijeron públicamente. Vienen por los glaciares, vienen por todo. Es muy bueno que tanta gente se inscribiera para participar; la sociedad está poniendo un límite. Esperemos que tenga resultados”.
Fuente consultada: Acción
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