El gobierno nacional quiere modificar la Ley de Manejo del Fuego

Por Sabrina García

Desde la oposición sostienen que el Gobierno Nacional busca beneficiar la compra barata de tierras.

En el 2020 se aprobó la Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815) que establece normas para prevenir y combatir incendios forestales y rurales, creando el Sistema Federal de Manejo del Fuego (SFMF) para coordinar esfuerzos entre Nación y Provincias. La normativa prohibe por décadas (60 años en bosques, 30 en pastizales) el cambio de uso de suelo en áreas incendiadas para frenar la especulación inmobiliaria y permitir la restauración.

En el último encuentro del Consejo de Mayo de la semana pasada, el Gobierno anunció que entre las reformas que enviará al Congreso está la modificatoria de la Ley de Manejo del Fuego. “Se eliminará la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 ó 60 años tras un incendio, avalada por una ley del diputado Máximo Kirchner, que atenta directamente contra la producción”, remarcó en esa oportunidad el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Adorni sostuvo que todas las reformas tienen por objetivo “poner nuevamente a Argentina en la senda del crecimiento” y en el desarrollo productivo del país.

Al respecto, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, sostuvo: “Estamos ante una evidente búsqueda de flexibilización ambiental. La única actividad productiva que se desincentiva con la vigente es la de prender fuego, que es el mecanismo que usan los grande sectores económicos para expulsar productores de sus tierras y así entregarlas a menor costo al lobby inmobiliario”.

“Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios son por actividad humana. Muchas veces, estas quemas son causadas de forma intencional por emprendimientos inmobiliarios para después hacerse de estas tierras a precios muy por debajo del valor de mercado”, agregó Vilar.

“Desde 2012 hay una cuestión que este Gobierno niega constantemente, que es que la crisis climática se profundizó. El mundo discute este tema. Y las consecuencias las vivimos en carne propia, por ejemplo con una sequía histórica en nuestro país entre 2020 y 2023. En 2020, además de ser histórico en sequías, también lo fue en incendios, con más de 900 mil hectáreas incendiadas”, completó Vilar.

Y añadió que “la ley fue pensada para evitar los incendios intencionales que se estaban llevando puestas miles de hectáreas de humedales, bosques nativos, hogares y vidas. Esta modificatoria no prohíbe la producción ni la venta de las tierras, sino que limita el cambio de uso del suelo por 30 o 60 años para evitar estas prácticas tan peligrosas para la vida y nuestros ecosistemas”, insistió.

La mirada libertaria

Desde La Libertad Avanza, el bloque de diputados señaló que la normativa vigente representa un “avance sobre la propiedad privada y no resuelve el problema de los incendios”, por lo que propone nuevas miradas en un proyecto presentado por el diputado de Entre Ríos Beltrán Benedit.

Entre los argumento de los libertarios se encuentran la defensa de la propiedad privada y la ineficacia de la ley actual que no aborda las causas reales de los incendios, sino que “estigmatiza a los productores”, afirmaron.

Si bien la gestión de Javier Milei había comunicado la intención de derogar esta ley mediante un DNU, finalmente se decidió que la iniciativa avance por vía legislativa a través de un proyecto de ley.

En tanto, los aliados del gobierno (diputados del PRO) tienen una postura crítica hacia la modificatoria de la ley de Manejo del Fuego. Desde el bloque del PRO de la Cámara baja consideran que no se le puede prohibir al propietario del terreno “hacer otra cosa con su campo sin adivinar la intencionalidad del incendio”.

En sintonía con esta idea, y previamente a la decisión que tomó el Gobierno, en febrero de este año el PRO había presentado un proyecto de ley para agravar las penas a quienes generen incendios intencionales en áreas protegidas.

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