Ampliación del Canal Santa María: se reflotó la denuncia sobre los negocios inmobiliarios

En las últimas semanas, a través de un informe periodístico, se reflotó la denuncia por la ampliación del Canal Santa María. Es la única obra en marcha del plan para intervenir la cuenca que encara Provincia. El gran beneficiario es un grupo inmobiliario. A esto se suman continuas alertas ante nuevos intentos de ocupar humedales y un proceso de “blanqueo” definido por el gobierno de Vidal.

El descontrol continúa. La cuenca del río Luján sigue en peligro por la voracidad inmobiliaria con banca estatal. En las últimas décadas, el avance en zonas de humedales fue permanente. Bajo la conducción provincial de María Eugenia Vidal las condiciones se agravaron. El rol del Estado superó las omisiones anteriores que permitieron obras imposibles. Y se volcaron en un rol activo, oculto en discursos de obras hipotéticamente destinadas al bien común. Además se atraviesa un proceso de “blanqueo” de barrios cerrados que destruyeron zonas que funcionaban como amortiguación de excedentes hídricos.

La difusión de un trabajo periodístico a cargo del programa televisivo ADN (C5N) reflotó las denuncias que desde el año pasado apuntan contra la obra de ampliación del Canal Santa María. Esos trabajos fueron los primeros (y hasta el momento los únicos en marcha) que se encararon dentro del plan maestro para intervenir en la cuenca y busca mitigar el problema de las inundaciones.

Los números oficiales hablan de una inversión de 565.715.028 pesos, adquiridos mediante un préstamo internacional. Pero la enorme deuda pública contraída parece beneficiar únicamente a un futuro emprendimiento privado adyacente al canal. El Santa María tiene una extensión de 7 kilómetros y funciona como aliviador del río Luján en conexión con el Paraná. Es lindero al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (resultado de la unificación de la Reserva Otamendi y la Reserva Natural Río Luján).

En una primera propuesta la intervención provincial buscaba la construcción de un canal paralelo. Luego de varias objeciones se definió ensanchar el ya existente. Sin embargo, el trasfondo se mantuvo idéntico.

“La sospecha es por qué se hace ese nuevo canal. Le explicamos al intendente que hay un proyecto inmobiliario que se llama Bahías del Paraná, en el cual un empresario ya está vendiendo lotes en un lugar inaccesible. Con los 3 millones de metros cúbicos de tierra que se va a extraer del canal nuevo van a hacer un camino de acceso a este emprendimiento inmobiliario. La primera gran obra -y la más costosa del Plan Integral-, sospechamos que está rozando con la corrupción. Si el destino de esas tierras es ese, nosotros como contribuyentes de la Provincia estamos ayudando a un empresario a desarrollar un emprendimiento inmobiliario”. Esas fueron las explicaciones que el referente de Inundados de Luján, Sergio Frascaroli, brindó a EL CIVISMO en abril del año pasado. Apuntaba, en concordancia con otras organizaciones de la cuenca, a que la obra no tendría un impacto real en la mitigación de crecidas. Es decir, no existían argumentos técnicos a favor de la prioridad dispuesta por los organismos bonaerenses.

Las advertencias fueron acertadas. El informe que difundió recientemente el programa de C5N corrobora una sugestiva vinculación entre el Estado Provincial y el grupo inmobiliario que ya comercializa un futuro barrio náutico.

Con documentación oficial como respaldo, el trabajo periodístico marca que hace un año se selló un acuerdo entre Parques Nacionales y la Provincia de Buenos Aires para avanzar con el ensanchamiento del canal. Se incluía el compromiso por parte de la administración bonaerense de expropiar un terreno de 250 hectáreas propiedad de una empresa desarrollista. Y luego donarlo al Parque Ciervos de los Pantanos. Sin embargo, casi en paralelo la firma privada inició un proceso de preventa de los terrenos que conformarían el barrio Bahías del Paraná. En septiembre, Provincia notificó que la expropiación quedaba sin efecto. “Casualmente la tierra proveniente del dragado del canal fue depositada en esas 250 hectáreas que van a generar 270 lotes en zonas de humedales. Ese relleno le va a permitir a los desarrollistas armar el millonario barrio privado. Los contribuyentes pagan con su bolsillo el ensanchamiento innecesario del Canal Santa María. Las parcelas que iban a ser parte de un parque nacional quedan en manos de un privado. Y el material que se sacó del fondo del canal sirvió para rellenar los terrenos sobre los cuales se va a construir el nuevo Nordelta”, resumió el trabajo periodístico.

El mes pasado, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) también dio cuenta de serias irregularidades relacionadas con la ampliación del Canal Santa María y la delicada situación del Parque Ciervo de los Pantanos: “Recientemente se produjo el despido de su intendente, Jerónimo Valle, licenciado en Ciencias Ambientales, especializado en la protección de humedales. Jerónimo se desempeñó en forma destacada y eficiente en defensa del Parque Nacional a lo largo de su año de gestión, pese a fuertes limitaciones presupuestarias y de personal. Valle se opuso y denunció daño ambiental en el área protegida nacional derivado de las obras de ensanchamiento del Canal Santa María del río Luján, así como de la posible construcción de un camino que atravesaría el Parque favoreciendo a una iniciativa inmobiliaria privada, y que podría implicar el desalojo de pobladores isleños”.

La Fundación marcó que “de la intervención en el Canal Santa María se estarían derivando conforme lo constatado por la saliente Intendencia del Parque Nacional diversos impactos en su humedal como la contaminación con combustible, rotura de cañerías, la construcción no permitida de un camino de forma longitudinal al canal dentro de los límites del área protegida y el relleno de tierras privadas para desarrollo inmobiliario”.

A la luz de estos hechos, los firmantes exigieron a las autoridades provinciales y nacionales pertinentes (APN y Dirección de Hidráulica de Buenos Aires) “la inmediata paralización de las obras de ensanchamiento del Canal Santa María generadoras de daño ambiental, para que se proceda a la constatación formal y remediación del mismo”.

Además, se pidió que “la Administración de Parques Nacionales haga uso de todos los medios administrativo-judiciales a su disposición para detener toda acción de avance en la construcción del camino, sin antes efectuarse una actualizada evaluación de los impactos sociales y ambientales e instancia de participación ciudadana, considerando el cambio en el estatus jurídico del área -de Reserva a Parque Nacional- que le provee la máxima categoría de conservación que puede detentar un área natural en el país”.

Intereses cruzados

En su página web, el futuro emprendimiento Bahías del Paraná describe de la siguiente manera su entorno: “El paisaje de la zona, donde se ubica el emprendimiento, es campestre, sin encontrar en él industrias, comercios u otros elementos que puedan ser considerados como contaminantes para el proyecto de viviendas unifamiliares y turísticas. La superficie total de la fracción es de 287 hectáreas, con forma casi regular, no siendo atravesada por ningún arroyo, río o curso de agua. El campo tampoco tiene ningún tipo de electroducto que la cruce, o restricción de servidumbre alguna. Su geografía está marcada por ser una gran planicie con dos montes, uno de eucaliptos rostrata y otro de taxodium distichum, que son preservados dentro del proyecto como áreas protegidas. Su geografía se corta al llegar al margen del río Paraná de las Palmas, con un frente de 600 metros de costa sobre el mismo. Este emprendimiento acompaña el importante proceso de desarrollo que se ha generado en la zona en los últimos años”.

Se proyectan 298 chacras de 4.000 metros cuadrados cada una, todas con muelle propio. Como ocurre con emprendimientos ya existentes que ocupan humedales, la geografía natural se vuelve una clara herramienta de marketing. Los responsables del proyecto invitan a futuros comprados a “comenzar a vivir el sueño de estar rodeado de naturaleza, como si vivieras a muchos kilómetros de Buenos Aires y a su vez, muy cerca de todo”. El anticipo de compra es de 11.726 dólares, en 24 cuotas fijas de 1.140 dólares.

Casi como una provocación hacia las organizaciones que marcan la necesidad de preservar el Parque Nacional lindero, se indica que para llegar al futuro barrio se deberá recorrer “un magnífico camino natural por el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos” y se aclara que “este camino ya cuenta con las correspondientes aprobaciones jurídicas y ambientales por parte de los organismos correspondientes para su construcción”.

En otro sector del portal, Bahías del Paraná informa que en enero de 2018 “las obras comenzaron con la limpieza del Canal Santa María”, en referencia a los trabajos que iniciaba Provincia. Meses después sumaron fotografías de las tareas de dragado solventadas con fondos provinciales, en un raro vínculo público-privado que se consolidó con el correr del tiempo.

Situación delicada

Adriana Anzolín integra la Red de Organizaciones de la Cuenca del Río Luján. Indicó que el descontrol inmobiliario implica “una situación súper delicada, donde continuamente se incumple la ley y hacen lo que quieren”.

En cuanto a la denuncia que pesa sobre el Canal Santa María, Anzolín recordó que desde un primer momento “uno de los problemas grandes que había era definir dónde poner los barros, porque el Ministerio de Infraestructura planteaba que era una de las cosas más caras de la obra”.

“Entonces surgió la posibilidad de expropiar esas hectáreas para colocar los barros. Ahora los rellenaron y no lo van a expropiar. A los dueños les queda un terreno con la cota elevada listo para construir. El proyecto original era ensanchar el canal, después apareció la idea de hacer un canal paralelo. Eso se frenó y se decidió ensanchar al doble el canal que ya había. Los barros se colocan en las tierras de esta gente”.

En otros puntos de la cuenca baja, las luces de alerta siguen prendidas. Anzolín habló de un sector que forma parte del partido de Campana: “Hay un pedazo de tierra que conforma la zona de amortiguación del Parque Ciervos de los Pantanos. Lo tiene una compañía forestal que lo quiere vender a una empresa que se dedica al acopio de combustible. Para hacer eso tienen que rezonificar la zona, que es rural y debería pasar a industrial. Es un negocio millonario y el parque quedaría al lado de los tanques de combustibles. Además hay un barrio cercano. Nosotros nos opusimos. Todo esto antes de las elecciones, se juntaron más de seis mil firmas. Se paró. El intendente de Campana ganó y tiene mayoría en el Concejo Deliberante. Quieren volver a meter el proyecto”.

Anzolín explicó que la iniciativa implica también “dejar sin efecto una ordenanza que establece que es zona de humedales”. Habló de un negocio gigantesco y lo graficó de la siguiente manera: en las condiciones actuales, la hectárea tiene un valor de 10 mil dólares. Si el cambio de zonificación avanza, el número treparía a los 100 mil dólares.

Por otra parte, las organizaciones denuncian relleno de humedales en el Partido de Escobar, presumiblemente con el objetivo de habilitar otro barrio cerrado.

Por último, Anzolín reiteró una disposición del gobierno bonaerense que, bajo pretexto de aumentar la recaudación, habilita el “blanqueo” de urbanizaciones que nacieron ilegales. El caso emblemático, tal como lo detalló este medio meses atrás, lo constituye San Sebastián en Pilar, la megaurbanización que destruyó miles de hectáreas de humedales.

Fuente: Nicolás Grande para El Civismo

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