Alerta en Martínez: un megaproyecto inmobiliario amenaza la barranca y desata el rechazo vecinal
Por Sabrina García
El desarrollo ‘Barrancas de Alvear’ contempla excavaciones letales para la topografía del lugar y la tala de casi 80 árboles. Los vecinos de San Isidro denuncian manipulación en los indicadores urbanísticos, estudios de impacto ambiental con datos falsos y un inminente colapso de los servicios públicos.
El 6 de mayo pasado se trató en el Concejo Deliberante de San Isidro la reforma del Código de Ordenamiento Urbano (COU). En aquella oportunidad, tras un largo e intenso debate, el oficialismo logró aprobar la normativa con 14 votos a favor.
En medio del debate concejales opositores cuestionaron el cambio radical frente al proyecto. El Ejecutivo había intentado lograr su aprobación en el 2024 pero no llegó a los votos necesarios para su aprobación.
Entre las concejales que cambiaron su voto se encuentra María Inés Feldtmann, del Partido Demócrata (2023-2027). En esa sesión la edil se vio obligada a argumentar sobre su cambio: “Todos aquí saben que yo tuve un rol muy protagónico en la costa cuando se trató el tema de Malloy’s”, dijo y agregó: “También el tratamiento del COU que nos había presentado en 2024”.
Destacó el nuevo COU como una “oportunidad”, que defiende la costa, la barranca y a las construcciones previas a 1946.
Sin dudas el tiempo vuela. Hace tres semanas, la misma concejal que un mes atrás defendía a ‘capa y espada’ el nuevo COU, se volvió a expresar en otra sesión: “Ante la preocupación de muchos vecinos de Martínez, presentamos un pedido de informe para conocer los detalles sobre la construcción de 30 departamentos y 103 cocheras en la barranca de Alvear. Este proyecto sería una ruptura en la continuidad del paisaje del Parque Costero del Norte y afectaría el ecosistema de la unidad costa-barranca”, dijo.
El posteo en redes generó indignación. “Los vecinos que estuvimos participando de las distintas asambleas del distrito te lo anticipamos y con muchísima soberbia nos destrataste. Lamentamos muchísimo que tanto vos y tu compañera no hayan querido escuchar la voz de tantísimos vecinos que luchamos por tener un San Isidro para todos y no sólo para los especuladores inmobiliarios”, respondieron desde la Asamblea Vecinal Parque Boulogne.
Cuál es el proyecto en conflicto
El proyecto impulsado por Carlos Alberto Sielecki bajo el nombre «Barrancas de Alvear» (ubicado en Gral. Alvear N° 1495/1501), encendió las alarmas de la comunidad local. Los vecinos se han organizado para frenar lo que consideran un atropello urbano y ambiental, presentando extensas impugnaciones a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en el Expediente N° 158/2026.
El empresario Sielecki es muy cercano al gobierno de Milei. Su hijo es el embajador en Francia que fue noticia por haber tapado las Malvinas en un mapa. El año pasado pujó por quedarse con Telefé en sociedad con el hijo del excanciller, Gerardo Werthein. De hecho, los negocios con Werthein tienen larga data, en el 2006 adquirieron los activos y pasivos de la empresa BANKBOSTON N.A. por la firma STANDARD BANK ARGENTINA SA operada por las familias Werthein y Sielecki.
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del ‘Proyecto Alvear’ se publicó en el Boletín Oficial Nº 1225 de fecha 19 de mayo del 2026. Es decir, 13 días más tarde de haber aprobado el nuevo COU de San Isidro.
El municipio abrió instancia a la “participación virtual” para que los vecinos “presentarse observaciones en los términos del artículo 18 de la ley 11.723” y brindando un plazo de 30 días hábiles [Ver formulario de participación].
Vecinos de San Isidro se oponen al nuevo emprendimiento inmobiliario. El fin de semana la zona de la barranca de la costa en Martínez amaneció cargada de pasacalles que dicen: “Señor intendente no queremos edificios en la barranca de San Isidro” acompañado por un QR que lleva a la “Adhesión a la Oposición — EIA Expediente N° 158/2026 (Gral. Alvear 1495, Martínez)” [Ver formulario]. Es importante destacar que hay tiempo hasta el 1° de julio para realizar la presentación.
Es importante destacar que el empresario también es el dueño del emprendimiento inmobiliario -que presentó el año pasado- ubicado en Hipólito Yrigoyen N° 3193 y casi Panamericana, también en la Localidad de Martínez. Podríamos suponer que la presentación del proyecto de la barranca estuvo directamente vinculada a la reforma del COU, por eso no se presentó en el 2025 y sí lo hizo 13 días más tarde de haber realizado la reforma a la normativa.
El impacto sobre la barranca y la biodiversidad
En nuestra región, las barrancas constituyen ecosistemas frágiles y áreas intangibles que deben ser preservadas por su valor histórico y natural. Sin embargo, el proyecto prevé una excavación de más de 6 metros de profundidad destinada a la construcción de cocheras subterráneas.

Cortes y vistas del proyecto
Los informes técnicos advierten que esta intervención generaría un riesgo hidrogeológico y geológico severo, provocando la «decapitación» de las capas de suelo portantes que sostienen la barranca. A este daño topográfico irreversible se suma un fuerte impacto sobre la flora local: la remoción proyectada de 79 árboles, entre los cuales se encuentran 11 especies nativas que brindan servicios ecosistémicos fundamentales para la zona.
“Cuando una decisión implica apartarse de las condiciones urbanísticas ordinarias y habilitar mecanismos excepcionales, corresponde identificar el interés público específico que justifica dicho apartamiento”, dice la nota presentada por los vecinos en rechazo a la EIA presentado y agrega: “La eventual aplicación de mecanismos excepcionales que permitan incrementar la edificabilidad, densidad o intensidad de ocupación del predio exige identificar con precisión cuál es el beneficio público concreto que se procura alcanzar. La sola maximización del aprovechamiento económico de una parcela privada no constituye, por sí misma, una razón suficiente para justificar apartamientos respecto de los criterios urbanísticos ordinarios ni para reducir los niveles de protección ambiental y paisajística históricamente reconocidos al sector”.
Hecha la ley, hecha la trampa
El Código de Ordenamiento Urbano municipal es claro: la altura máxima permitida en este sector es de 8,50 metros. No obstante, la empresa desarrolladora busca eludir este límite mediante una maniobra técnica detallada en las oposiciones vecinales.
Al adoptar como nivel de referencia la cota más alta del terreno (+18,50 m) y aplicar un «soterramiento artificial» de 1,85 metros, el proyecto oculta su verdadera escala. El resultado es un edificio que, en la realidad, alcanzará los 15 metros de altura, perforando el plano límite absoluto, alterando el asoleamiento y afectando drásticamente la calidad de vida de los vecinos linderos.
Además, bajo la figura de “cesiones voluntarias” de espacio público, la desarrolladora busca obtener premios urbanísticos para inflar la superficie construible. De aprobarse, pasarían de los 16.576,20 metros cuadrados permitidos a más de 19.880. Este incremento neto de más de 3.300 metros cuadrados equivale a sumar seis unidades funcionales completas, forzando la capacidad de un barrio históricamente caracterizado por la vivienda unifamiliar y la baja densidad.
Servicios al límite y un estudio ‘a medida’
La incorporación de 30 nuevas unidades multifamiliares resulta insostenible para la infraestructura actual. Los residentes denuncian que hoy ya conviven con una prestación deficiente: baja presión de agua, cortes de luz recurrentes ante picos de consumo, falta de gas en invierno y graves problemas de escurrimiento hídrico que ya fueron comprobados por la provincia.
Por otro lado, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa presenta falencias metodológicas graves. Para evaluar el impacto en el tránsito, el flujo vehicular fue medido exclusivamente durante la primera semana de enero, esquivando deliberadamente el caos vehicular que genera el ciclo lectivo, administrativo y comercial durante el resto del año.
Como agravante, los profesionales que suscriben el EIA no figuran inscriptos en el padrón público del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires (RUPAYAR), un requisito municipal indispensable.
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