Luján: el basural más grande de la provincia, atrapado entre fallos judiciales y la parálisis política

A pesar de contar con el aval de la Corte Suprema y financiamiento internacional asegurado, el Centro Ambiental “Laudato Sí” sigue frenado. Vecinos y organizaciones sociales denuncian que la inacción del gobierno nacional agrava una crisis sanitaria que afecta a miles de personas.

La humareda que emana del basural a cielo abierto de Luján no es solo un fenómeno ambiental; es el síntoma de una deuda social que lleva décadas sin saldarse. Lo que debería ser hoy un obrador en plena actividad para transformar el foco de contaminación más grande de la provincia de Buenos Aires en el moderno Centro Ambiental “Laudato Sí”, es actualmente un escenario de abandono. En ese contexto, la comunidad ha decidido volver a los tribunales para exigir que el Estado Nacional cumpla con la ley.

El recorrido judicial y político

En abril de 2023, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, emitió un fallo que parecía definitivo: la reconversión del basural debía continuar. El máximo tribunal desestimó las trabas impuestas por sectores privados y priorizó el derecho colectivo a un ambiente sano.

Sin embargo, el cambio de gestión a nivel nacional trajo consigo un “hielo” administrativo. El proyecto, que cuenta con un avance de obra cercano al 50% y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se encuentra paralizado desde el inicio de 2024. La gestión de Javier Milei, a través de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes liderada por Daniel Scioli, no ha reactivado las máquinas, desoyendo el mandato judicial y poniendo en riesgo los fondos internacionales ya asignados.

El pasado 20 de enero, la Sociedad de Fomento del barrio San Pedro fue el epicentro de una nueva estrategia. Vecinos nucleados en la Asociación Civil por el Centro Ambiental (ApeCA), presidida por Sergio Almada, y la Asamblea Ambiental de Luján, representada por el sacerdote Sergio Luis Gómez Tey, presentaron una medida cautelar ante la Justicia.

“Estamos ante una lesión actual que el Estado Nacional produce por su accionar ilegal y arbitrario”, sostiene el escrito presentado con el apoyo de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

La abogada Verónica Vieito explicó que la demora no es gratuita: cada día de inactividad se traduce en una profundización del daño ambiental (lixiviados, incendios, contaminación de napas) y un deterioro de la salud de quienes viven en los barrios aledaños.

Intereses privados vs. salud pública

La figura de Viviana Novelle emerge como el principal obstáculo civil en esta trama. La empresaria, vinculada a los sectores más altos del poder económico y con pasado reciente en la política partidaria (Coalición Cívica/Juntos por el Cambio), ha liderado la resistencia judicial alegando que el Centro Ambiental perjudicaría sus campos de producción orgánica en la zona de Estación Sucre.

No obstante, la Cámara Federal de San Martín ya fue contundente al respecto: el beneficio de sanear un foco infeccioso que afecta a toda una ciudad es infinitamente superior a cualquier supuesto perjuicio privado.

El sello de aprobación internacional

Uno de los pilares que sostiene el reclamo de los vecinos es el dictamen del MICI (Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación) del BID. Este organismo de control realizó una auditoría exhaustiva del proyecto y concluyó que el “Laudato Sí” cumple con todos los estándares internacionales de:

• Salvaguardas ambientales: Manejo de residuos peligrosos e impermeabilización
• Participación social: Consultas transparentes con la comunidad
• Impacto hídrico: Protección de las aguas subterráneas

Con este aval técnico, los argumentos utilizados por la defensa de la empresaria Novelle como la “falta de estudios” o “irregularidades” pierde sustento técnico ante la mirada de los organismos de crédito internacionales.

Para los vecinos de Luján, el Centro Ambiental no es solo una obra de ingeniería; es la posibilidad de trabajar con dignidad en una planta de reciclado y de dejar de respirar veneno. La cautelar presentada busca que la Justicia ordene la reanudación inmediata de las obras bajo la Licitación Pública Nacional N° 04/2021.

Mientras el expediente recorre los despachos, el basural sigue creciendo. La pregunta que queda flotando entre los vecinos es si el gobierno nacional priorizará los compromisos internacionales y la salud pública, o si permitirá que el lobby de unos pocos continúe postergando la reparación de una herida ambiental histórica.

Fuente consultada: El Civismo

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