Ley de Glaciares: el gobierno nacional impulsa cambios y crece la alerta en la comunidad científica

Por Nicolás Camargo Lescano (Agencia CTyS-UNLaM)

En el marco de las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo busca modificar la Ley 26.639 para otorgar mayor control a las provincias. Expertos advierten que la medida vulnera el principio de “no regresión ambiental” y pone en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce.

El ambiente se posiciona, una vez más, en el centro de la disputa legislativa. Con el inicio de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación, el debate no solo girará en torno a las reformas laborales, sino también a un pilar de la protección ecológica argentina: la Ley de Glaciares (N° 26.639).

El objetivo del Gobierno Nacional es ampliar el control provincial sobre estos territorios para facilitar la explotación minera e hidrocarburífera. Sin embargo, la comunidad científica ya alza la voz ante lo que consideran un retroceso peligroso.

“Esta ley, sancionada en 2010, es un ejemplo mundial por su nivel de protección”, destaca la Dra. Gabriela González Trilla, investigadora del CONICET y experta en Ciencias Biológicas. “Hablamos de una norma con 15 años de vigencia y un proceso de debate social ejemplar que ahora está bajo amenaza”.

Para González Trilla, cualquier intento de reforma choca con el principio de no regresión ambiental. Este concepto jurídico establece que la protección del entorno puede aumentar, pero nunca retroceder.

“Cualquier modificación no puede desproteger lo que ya está protegido. No se puede dar un paso atrás en la preservación de ecosistemas críticos”, sentencia la investigadora del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA – UNSAM).

¿Qué está en juego?

El punto de mayor fricción reside en el Inventario Nacional de Glaciares, el registro oficial que hoy protege a unos 16.000 cuerpos de hielo en Argentina. Este inventario no solo incluye los glaciares ‘blancos’, sino también manchones de nieve y glaciares de escombro (masas de hielo cubiertas por rocas que son vitales en zonas áridas).

La nueva propuesta busca que los equipos técnicos provinciales puedan excluir cuerpos de hielo del Inventario.

Esta modificación permitiría que miles de glaciares de escombro —esenciales para el aporte hídrico en provincias con estrés hídrico— queden vulnerables a la actividad industrial pesada.

Federalismo y Medio Ambiente: conflicto de poderes

La disputa tiene una raíz constitucional. El artículo 124 de la Constitución Nacional otorga a las provincias el “dominio originario” de sus recursos. Sin embargo, el artículo 41 establece que es la Nación quien debe fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental.

“La Ley de Glaciares es, justamente, una ley de presupuestos mínimos. Establece un piso de protección básico que rige en todo el país”, explica González Trilla. Según la experta, las provincias ya participan activamente en la gestión a través de estudios de impacto ambiental, por lo que la reforma actual no buscaría mayor autonomía, sino perforar ese piso de protección.

Desde su plena implementación, la norma define a los glaciares como bienes públicos y prohíbe taxativamente:

• La liberación de sustancias contaminantes
• La exploración y explotación minera e hidrocarburífera en zonas protegidas
• La construcción de obras de infraestructura que alteren su condición natural.

“La ley busca preservarlos como reservas estratégicas de agua, proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica y valorarlos como atractivo turístico”, concluye. La pregunta que queda flotando en el Congreso es si, en pos del desarrollo económico inmediato, Argentina está dispuesta a sacrificar su seguro de agua para el futuro.

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