Hoy entra en vigencia el Acuerdo de Escazú

Por Manuela Herrera

En la República Argentina el proyecto de ratificación del Acuerdo fue aprobado por el Congreso de la Nación en septiembre de 2020, en una sesión que contó con la presencia de jóvenes que trabajan en organizaciones de la sociedad civil sobre temas que impactan en el ambiente.

A partir del día de hoy comienza a regir el Acuerdo de Escazú, también denominado Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Doce países lo ratificaron: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay. Además, otros doce países ya lo firmaron, pero sin ratificarlo. ¿Qué significa esto de la ratificación? Luego de haber firmado el Acuerdo de Escazú en septiembre de 2018, los 24 países firmantes -de entre los 33 de la región- deben confirmar su validez mediante la aprobación en sus respectivos Congresos.

El Acuerdo entró en vigencia hoy 22 de abril ya que pasaron noventa días de conseguidas las ratificaciones de once países, condición para comenzar la aplicación establecida previamente en las páginas del mismo acuerdo. Se trata del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y el primero a nivel mundial que incluye en asuntos ambientales disposiciones específicas sobre derechos humanos.

¿Qué plantea el Acuerdo de Escazú?

Este acuerdo trabaja sobre tres ejes, todos enfocados en lo ambiental: acceso a la información, participación pública y acceso a la Justicia.

– Derecho de acceso a la información ambiental: los ciudadanos pueden pedir información en asuntos ambientales a las autoridades competentes sin necesidad de explicar sus motivos y deberán recibirla en un período máximo de 30 días.

– Participación pública: los ciudadanos tienen derecho a participar en los procesos de tomar decisiones vinculadas a proyectos y actividades con impacto sobre el ambiente o sobre la salud humana. Esto incluye por parte de quienes toman esas decisiones el informar a los ciudadanos sobre el proyecto o actividad en cuestión, fomentar su participación y también garantizar que estos presenten observaciones.

– Acceso a la Justicia: favorecer que temáticas ambientales puedan ser llevadas a la Justicia. Aparejado con esto viene la creación de herramientas e instrumentos que permitan proteger a los defensores ambientales. Resulta fundamental, ya que según la organización Global Witness de los 212 defensores ambientales asesinados en 2019, dos tercios eran de América Latina.

¿Por qué es importante?

Porque constituye una herramienta fundamental para defender como ciudadanía nuestros derechos ambientales. El Acuerdo de Escazú ayuda a fomentar la participación y el involucramiento, así como también la transparencia. Y, de esta manera, servir como instrumento para continuar modificando los paradigmas desde los cuales como sociedad nos relacionamos con el ambiente.

Selena Rolón, joven oriunda de Tigre que forma parte de la iniciativa ambiental Prosperar y que, además, estuvo presente en el Congreso de la Nación el día de la aprobación del acuerdo, expresó sobre la importancia de este mismo: “Se trata de una mayor adquisición en materia de derechos para la ciudadanía desde una perspectiva ambiental y desde derechos humanos, los cuales actuarán como figura a la cual apelar para poseer acceso a la información y del cual el Estado no se podrá desentender, ya que debe garantizarlos”.

¿Y ahora cuáles son los siguientes pasos?

Con respecto a los doce países donde hoy ya comenzó a regir el Acuerdo, la forma en que este se implemente constituirá un punto central. Si se realiza de manera correcta, la ciudadanía podrá tener acceso a la información pública ambiental, exigir su participación en asuntos públicos ambientales y recurrir a la protección por parte de la Justicia de los defensores ambientales. En caso de detectar incumplimientos, se podrá realizar una demanda ante el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, que tendrá funciones judiciales ni punitivas, pero sí examinará el cumplimiento del Acuerdo.

Junto con la entrada en vigencia del Acuerdo, también se le ha dado relevancia a continuar trabajando para que los países restantes de la región lo firmen y ratifiquen.

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