Entidades ambientales expusieron su preocupación por las reformas impulsadas sobre la ley de pesca

Más de un centenar de organizaciones ambientales de distintos lugares del mundo, impulsadas por algunas de la Patagonia argentina, expresaron su “preocupación” por las implicancias para el ambiente de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que trata actualmente el Congreso a instancias del gobierno nacional.

Las entidades enviaron una carta a la Cámara de Diputados en la que sostienen que el proyecto “atenta contra el cumplimiento del artículo constitucional referido al derecho al ambiente sano, y particularizaron sus críticas en las reformas a la ley de pesca.

Martina Sasso, cofundadora y directora de la fundación para la conservación marina Por El Mar (PEM) con base en Santa Cruz y Tierra del Fuego, afirmó que se está “en la génesis de un retroceso ambiental inminente” y que es necesario “ir hacia adelante en favor de la protección y la conservación, y no hacia atrás”.

En declaraciones difundidas a través de un comunicado, la activista sostuvo que el mantenimiento saludable del medio ambiente marino es uno de los aspectos que “garantiza el desarrollo de la población y la protección de las generaciones futuras”.

En el documento se cita el caso del “mecanismo de licitación de cuotas para pesquerías históricas propuesto en la ley, que no es utilizado en ningún país del mundo y que en Chile, donde se aplicó, perdieron tres especies”.

A su vez, respecto del objetivo de aumentar las exportaciones del sector pesquero, un análisis realizado por la Asociación para el Desarrollo de la Pesca Argentina (ADPA) indica que actualmente se realizan capturas “del orden de las 800 mil toneladas anuales en función a una Captura Máxima Permisible establecida por el Consejo Federal Pesquero y ello apunta a evitar el agotamiento de las pesquerías”.

Las modificaciones que se proponen “vienen a quebrar una estructura jurídica protectora cuya cimentación nos llevó años de esfuerzos y dedicación”, aseguró Sasso.

Por su parte, el abogado especializado en espacios marítimos Alejandro Canio sostuvo, a consulta de las organizaciones, que la ley “propone abrir implícitamente la zona económica exclusiva, un espacio en el que Argentina ejerce derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales”.

Estas modificaciones “distorsionan la naturaleza de blindaje soberano que le dio sentido a esta zona y que es reconocido por la comunidad internacional a través de la Convemar, tratado del que forman parte 169 estados”, agregó el letrado.

Además, las ONGs denunciaron que derogar la obligatoriedad de desembarcar la producción en muelles argentinos habilitando los transbordos en alta mar o la descarga en otros puertos “puede afectar la transparencia y la trazabilidad de la pesca”.

El documento enviado al Congreso fue rubricado por representantes de entidades como Aves Argentinas, Banco de Bosques, FARN, WCS, FPN, Temaiken, FIBO, Humedales, ACEN, FNGA, Club de Roma, Fundación Yuchan, Natura Argentina, Fundación Vida Silvestre, Avina, Fundación Biodiversidad, Jóvenes por el clima, Ecohouse y Por el Mar.

Fuente: Télam

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