Justicia de Bolivia cierra caso Caza & Safari: no investigará más a empresa argentina que promovía la caza de jaguares

La Fiscalía de Santa Cruz archivó la investigación contra la operadora argentina ‘Caza & Safari’, acusada de organizar safaris ilegales en áreas protegidas. Los demandantes denuncian falta de transparencia y omisión de pruebas clave.

La Justicia de Bolivia determinó el cierre del caso ‘Caza & Safari’, una investigación que seguía el rastro de una red transnacional dedicada a la caza ilegal de jaguares en la región del Pantanal. Pese a las evidencias recolectadas en Argentina, la Fiscalía de San Matías dictó el sobreseimiento del proceso alegando “insuficiencia de pruebas”, una decisión que ha desatado la indignación de activistas y expertos ambientales.

El perfil del acusado: Jorge Néstor Noya

El principal señalado es el argentino Jorge Néstor Noya, dueño de la compañía. Noya no es un desconocido para la justicia:

• En Argentina: Es considerado el artífice de la mayor red de tráfico de fauna silvestre del país
• Modus Operandi: Operaba desde los años 80, trasladando clientes (principalmente estadounidenses y españoles) a través de rutas ilegales hacia Bolivia, Paraguay, Brasil y África.
• Cifras de la muerte: Se estima que un paquete para cazar un jaguar en territorio boliviano podía costar hasta 50.000 dólares.

Irregularidades en el proceso judicial

Rodrigo Herrera, abogado de la parte demandante —integrada por la activista Lisa Mirella Corti y el guardaparque Marcos Uzquiano—, denunció que el Ministerio Público boliviano actuó con opacidad.

“Presentamos pruebas contundentes, incluyendo el informe pericial del teléfono de Noya que lo ubicaba en Bolivia en noviembre de 2023 realizando caza ilegal. Sin embargo, en julio de este año el caso simplemente desapareció del sistema digital”, explicó Herrera a Mongabay Latam.

Los demandantes aseguran que no fueron notificados oficialmente sobre la extinción del proceso y denuncian que la Fiscalía de Santa Cruz evitó realizar allanamientos o invertir recursos económicos en la investigación, a pesar de tratarse de un crimen transnacional.

El jaguar: una especie al borde del abismo

El impacto ecológico de esta actividad es devastador. El biólogo Huáscar Bustillos estima que en Bolivia solo quedan poco más de 3.000 individuos de jaguar.

• Estatus legal: La cacería está estrictamente prohibida.
• Pedido científico: Expertos exigen elevar su categoría de “vulnerable” a “en peligro”.
• Territorio afectado: Las cacerías se concentraban en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, la segunda reserva más grande de Bolivia y zona crítica para la biodiversidad.

El contraste: La megacausa en Argentina

Mientras en Bolivia el caso se cierra, la investigación en Argentina (radicada en Lomas de Zamora) ha mostrado resultados contundentes. Se realizaron 12 operativos de allanamiento en las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero. Se incautaron 7.951 piezas de taxidermia (animales disecados) y 44 armas de fuego sin registro. Además se realizó el embargo de 37 vehículos de alta gama, un inmueble de lujo en la costa atlántica y tres terrenos destinados a cacerías ilegales.

La ruta de la ilegalidad

La red utilizaba logística de alta complejidad para evadir controles:

• Vuelos clandestinos: Los clientes volaban de Buenos Aires a Sao Paulo y Cuiabá (Brasil). Desde allí, ingresaban a Bolivia en avionetas privadas que evitaban los registros migratorios, utilizando espacios aéreos frecuentemente vinculados al narcotráfico.
• Clientes de élite: Entre los investigados figura un destacado médico español, propietario de un museo de fauna salvaje en su país.

Próximos pasos

La activista Lisa Mirella Corti afirmó que el colectivo ‘El Llanto del Jaguar’ no se detendrá. “Vamos a reactivar el caso. Existen fotos de Noya posando con jaguares abatidos y comunicaciones donde ofrecía cazar gratis en Bolivia cuando no lograban ‘trofeos’ en Argentina. Buscaremos la imputación formal y su posterior extradición”, concluyó.

Hasta el cierre de este reporte, la Fiscalía de San Matías se ha negado a dar declaraciones adicionales, y la defensa legal de Noya no ha respondido a los requerimientos de información.

Fuente: Mongabay Latam

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