¿Por qué fue clausurado el Puerto Regasificador de Escobar?

Por Valentina Frare

El Municipio de Escobar clausuró el Puerto Regasificador ubicado en Paraná de las Palmas tras una auditoria en el que “se comprobaron distintas faltas e incumplimiento de las normativas de protección ambiental”. Se elevó una contravención a la empresa. Su clausura era reclamada por ambientalistas desde hace años.

La Municipalidad de Escobar clausuró el Puerto Regasificador de YPF, en las costas del Paraná de las Palmas, por “daño al ambiente” al constatar una mala gestión de la disposición de los residuos especiales y no especiales. Los agentes municipales realizaron una auditoría en el predio, comprobaron distintas faltas e incumplimiento de las normativas de protección ambiental y elevaron una contravención a la empresa.

Vecinos y vecinas de la zona desde hace años reclaman su cierre. Desde Zona Norte Ambiental, conversamos con la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar (AAPE), institución sin fines de lucro conformada para “promover la salud y la seguridad de la población a través del cuidado del medio ambiente” y nos relataron su historial de reclamos ante el peligro del Puerto Regasificador.

“En el buque instalado se producen operatorias jeep to jeep, que están reguladas para funcionar en alta mar porque son altamente peligrosas, no deberían estar en un río. Hace más de 9 años que la sociedad vive en riesgo permanente”

En mayo de 2011 deciden asentar su primera denuncia en perjuicio del Estado Nacional, Provincial, Municipal y de la empresa Y.P.F, fundamentada en la ilegalidad en la localización de las instalaciones y su peligrosidad.  Denunciaron, entre otros, los delitos de asociación ilícita, falsedad ideológica de documento público, corrupción institucional, genocidio, ecocidio y crimen de agresión contra el pueblo argentino

La denuncia se fundamentó en el estudio pericial que identificó altos niveles de riesgos con consecuencias catastróficas por incendios y explosiones, de elevado poder destructivo, tanto en la terminal y su entorno (que afecta La Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Isidro, Vicente López, San Fernando, Tigre, Escobar, Campana, entre otros) , que provocarían un elevado número de víctimas fatales o pérdida de vidas humanas, la afectación de la salud y el ambiente ya que “la capacidad de carga de cada uno de los buques metaneros y del regasificador es el equivalente energético a 55 bombas como la de Hiroshima, sin radioactividad y afectaría a la zona más densamente poblada de todo el país”.

En octubre del año pasado, el juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenó la clausura del puerto basándose en el estudio pericial y concluyó: “En todos los casos, los resultados muestran que el número de víctimas fatales para estos escenarios superan las 150 personas, llegando hasta las 80.000 víctimas fatales en el peor escenario. Con todo esto, se trasluce que, a través de todos los parámetros abordados, las instalaciones objeto de investigación, no deberían encontrarse emplazadas en dicho sitio, por el potencial riesgo que implican para la sociedad”.

Pocos meses después se levantó la clausura y el Puerto volvió a funcionar, alegando que las formas en las que se había llevado a cabo el estudio pericial no habían sido adecuadas. “No hubo convocatoria a las autoridades gubernamentales, entrevistas y visitas in situ. Sin mediar consultas, el juez dictó la clausura en base a una pericia que no cumple con los procedimientos”. Para los ambientalistas esto no cambiaba la sustancialidad del estudio que está “sobrefundamentado judicialmente”.

La Asociación también informa que existió una gran presión pública desde 15 días antes que el juez levantara la medida por parte del Ministerio de Energía y ENARGAS en cuanto al abastecimiento de gas. “Está en peligro el abastecimiento del país”- declararon públicamente. Sin embargo, ambientalistas denuncian que se autorizaron exportaciones a Chile por un total de 17,34 millones de metros cúbicos por día lo que bastaría para abastecer al país. Vale aclarar que la ley no permite que ante necesidades energéticas del país, se exporte gas.

Finalmente, durante el pasado viernes la Municipalidad de Escobar fue la encargada de proceder a su clausura por “presunto daño al ambiente” y elevó una contravención a la empresa energética.

“Es importante la participación ciudadana, estamos al borde de catástrofes y tiene que ver con nuestra seguridad. En un contexto de cambio climático acuciante, tendríamos que estar haciéndole masajes a los humedales, deberíamos dejar de usar energías contaminantes”, concluyeron desde la Asociación.

 

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