by Sabrina Garcia | 16 de junio de 2026 5:50 PM
El amparo colectivo presentado por múltiples ONGs fue desestimado por el juez Gastón Salmain apenas una hora antes de abandonar su cargo subrogante. Actualmente, el magistrado se encuentra suspendido y bajo juicio político por presunta corrupción judicial, cohecho y prevaricato.
Una profunda alarma institucional y comunitaria se ha encendido en las últimas horas tras conocerse el polémico rechazo del amparo colectivo ambiental en la causa de la Hidrovía del Río Paraná. Diversas organizaciones socioambientales y de derechos humanos —actoras directas en la demanda civil— manifestaron públicamente su absoluto repudio frente a una sentencia que califican de “totalmente arbitraria” y viciada de irregularidades éticas y técnicas.
El fallo en cuestión fue firmado por el juez Gastón Salmain en lo que constituyó el último acto de su gestión al frente del juzgado que subrogaba. La controversia adquiere tintes de escándalo institucional al revelarse que el magistrado estampó su firma apenas una hora antes de abandonar definitivamente el tribunal. Horas más tarde, el Consejo de la Magistratura resolvió suspender de sus funciones a Salmain y someterlo de inmediato a juicio político bajo graves acusaciones de corrupción judicial, procesamiento por cohecho, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Advertimos la gravedad institucional de que la sentencia haya sido firmada por el juez apenas una hora antes de abandonar el juzgado que subrogaba. El futuro del Paraná merece algo distinto: una justicia independiente, transparente y comprometida”, señalaron las organizaciones en un duro comunicado conjunto.
De acuerdo con los textos técnicos de la denuncia, la resolución judicial dictada por Salmain incurre en una “interpretación errada y maliciosa” de los pilares del derecho ambiental vigente en Argentina, en particular del principio precautorio. Las organizaciones argumentan que la sentencia exige arbitrariamente una relación de causalidad directa y lineal entre los decretos de la licitación y daños científicos absolutamente comprobados —los cuales, según destacan, ya habían sido técnicamente probados en el expediente—.
La lógica del principio precautorio, consagrado en la Ley General del Ambiente N° 25.675, indica justamente lo contrario: ante la inminencia o el riesgo de daños graves e irreversibles, la falta de certeza científica absoluta no puede ser utilizada por los magistrados como un argumento válido para postergar o denegar medidas de protección efectivas. Las entidades denunciantes alertan que el fallo vacía de contenido esta garantía constitucional, trasladando de manera indebida la carga pública a la sociedad civil.
“Se nos exige a las organizaciones que indiquemos específicamente cómo debe realizarse la evaluación de impacto ambiental acumulativa y estratégica, tratándonos como si fuéramos las responsables y no el propio Estado en ejercicio de sus funciones específicas”, detallaron.
El controvertido dictamen no solo confronta las leyes de base, sino que, según la denuncia, desnaturaliza la jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), limitando severamente el control de constitucionalidad. La doctrina del Máximo Tribunal ha sido categórica en fallos históricos como la causa «Majul c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano» (2019), donde se estableció taxativamente que los jueces de la República deben adoptar una visión fuertemente preventiva y precautoria frente a los riesgos ambientales, entendiendo que el entorno natural es un bien colectivo cuya tutela exige actuar de forma anticipada, antes de que el daño ambiental se consume de manera irreversible.
Asimismo, la resolución firmada por Salmain avanza de espaldas al marco regulatorio internacional al omitir y negar el derecho a la participación ciudadana y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades originarias que habitan las zonas ribereñas y que resultarán directamente afectadas por las obras de la licitación. Esta exclusión representa, a criterio de los letrados de las ONGs, una violación explícita al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y al Acuerdo de Escazú, ratificados por ley nacional.
La decisión judicial deja vía libre para que el Poder Ejecutivo continúe avanzando con los pliegos de la licitación de la Hidrovía del Río Paraná sin la debida Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) integral y acumulativa que la comunidad técnica reclama desde el inicio del proyecto.
Para el arco de organizaciones socioambientales, este escenario representa un “enorme retroceso en la interpretación de las normas de protección ambiental de la Argentina” y sienta un peligroso precedente corporativo. La ciudadanía y los equipos jurídicos ambientales ya evalúan los caminos de apelación federal para elevar el caso ante las máximas instancias posibles, con la firme convicción de que el ecosistema del Río Paraná requiere de una administración de justicia transparente, independiente y firmemente comprometida con el resguardo de los bienes comunes y los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras.
El juez federal de Rosario, Gastón Salmain, fue suspendido por el Consejo de la Magistratura y perdió los fueros que, hasta ahora, le habían permitido evitar la prisión preventiva que le dictó la Justicia cuando lo procesó por un caso de corrupción. Además, el Plenario del organismo decidió por unanimidad enviarlo a juicio político para debatir su destitución.
El futuro de Salmain está en manos del juez Carlos Vera Barros, subrogante del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, quien debe dar la orden de ejecutar la preventiva. El magistrado está acusado de “vender” fallos a cambio de coimas.
Gratitude yummi.club[1]Source URL: https://www.zonanorteambiental.com.ar/organizaciones-socioambientales-denuncian-gravedad-institucional-tras-el-rechazo-del-amparo-por-la-hidrovia/
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