by Sabrina Garcia | 14 de enero de 2026 12:15 PM
Por Sabrina García
Un informe del Observatorio de Tierras revela que, en la provincia de Buenos Aires, solo dos municipios —Campana y Zárate— superan el límite legal para la venta de tierras rurales a extranjeros.
El debate sobre la propiedad de la tierra rural en Argentina ha dejado de ser una cuestión meramente registral para convertirse en un eje central de la seguridad nacional. Con la reciente ofensiva legislativa para derogar de forma definitiva la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (Ley 26.737), el país se enfrenta a una reconfiguración de su integridad territorial y al control de sus recursos estratégicos.
Un informe del Observatorio de Tierras, integrado por investigadoras/es del CONICET y la UBA, publicado en diciembre revela que la historia reciente de la tenencia de la tierra en Argentina está marcada por tensiones entre la apertura de mercados y la preservación de la soberanía. El proceso contemporáneo de extranjerización encontró un punto de inflexión durante el gobierno de Carlos Menem, en 1996, con la creación de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI) que vulneró el Decreto 15.385 de 1944, que protegía las zonas de seguridad fronteriza.
En ese momento se permitió la transferencia de más de 8 millones de hectáreas en áreas críticas, facilitando casos emblemáticos como la adquisición de Lago Escondido por Joe Lewis y las vastas extensiones de Luciano Benetton en la Patagonia.
En 2011 se sancionó la Ley de Tierras en 2011 para frenar esa tendencia y estableció un límite del 15% a la extranjerización a nivel provincial y departamental. Sin embargo, este marco ha sido objeto de constantes erosiones:
Si bien las cifras oficiales indican que el 5% del territorio nacional (aproximadamente 13 millones de hectáreas) está en manos extranjeras —una superficie equivalente a la extensión de Inglaterra—, el análisis riguroso exige una mirada descentralizada.
El verdadero conflicto no reside en el promedio general, sino en la concentración estratégica. Según datos actualizados al 6 de agosto de 2025, el patrón de ocupación revela una focalización en recursos críticos:
El informe indica que existen 36 departamentos que ya exceden el límite fijado por la ley:“Todos ellos concentran bienes estratégicos como agua dulce o recursos minerales”, señala.
En el sentido, y teniendo en cuenta la ‘coincidencia’ de extranjerización en territorio estratégico de agua dulce o recurso mineral para el caso del río Paraná el dato confirma la teoría: Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires) el límite supera ampliamente el 30%.
En el distrito bonaerense de Campana se encuentra un total de 23.743,20 hectáreas, de las cuales 11.935,48 son extranjerizadas, es decir, el 50%.
La segunda es Zarate, distrito contiguo, que dispone de 48.394,72 hectáreas de tierra, de las cuales 12.003,64 son de extranjeros. Es decir, el 25% sobre la totalidad.
La urgencia por derogar las protecciones legales coincide con un escenario global de escasez y disputa por bienes comunes. La propiedad de estas tierras no implica solo la tenencia del suelo, sino el control indirecto sobre:
En este contexto, el corolario a la Doctrina Monroe planteado por la actual administración estadounidense sugiere un renovado interés por asegurar el acceso a recursos naturales en América Latina. La eliminación de restricciones a la compra de tierras por parte de capitales foráneos podría interpretarse no como una medida de eficiencia administrativa, sino como una cesión de soberanía operativa.
Acceso a Mapa de la extranjerización de tierras en Argentina
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