Conflicto en San Isidro: la comunidad en alerta tras el cierre de la Casa de la Juventud

Por Sabrina García

A cuatro semanas de la clausura de su emblemática sede, alumnos, docentes y vecinos denuncian la destrucción de un espacio de contención con 36 años de historia. Mientras el Concejo Deliberante exige informes, el intendente Ramón Lanús y su gestión se mantienen en silencio.

En el año 1993 y con apenas 14 años mi búsqueda adolescente se inclinó por la fotografía. Por aquel entonces San Fernando, ciudad de donde soy oriunda, no brindaba talleres que pudriera cubrir ese descubrir artístico y fue así que encontré en la Casa de la Juventud el lugar perfecto para cubrir ese universo.

De la mano del gran Pedro Hasperué pude acercarme al universo de la fotografía: aprendimos el proceso de registrar una imagen con una lata de Nesquik y unos espejos internos, a revelar nuestras propias fotos en el estudio de la planta alta, a jugar con luces y sombras, con encuadres, con movimientos y a compartir salidas fotográficas con compañeros.

Todo ese universo de descubrimiento artístico y de libre acceso del que fui parte y que me dejó un gran cariño por la ciudad vecina se derrumbó con el cierre de la Casa de la Juventud. Sí, aquel lugar que supo abrazar mi adolescencia cerró sus puertas.

A cuatro semanas de su clausura, la comunidad de la Casa de la Juventud llevó adelante una masiva jornada de visibilización frente al edificio de la calle Don Bosco 47.

La manifestación se realizó al cumplirse un mes exacto desde que el Municipio de San Isidro y la Subsecretaría de Cultura decidieron cerrar de forma abrupta las puertas de la institución. Durante la actividad, estudiantes, exalumnos y vecinos expusieron ante los medios de comunicación el severo impacto que esta medida provoca sobre un proyecto educativo y social que lleva más de 36 años de trayectoria ininterrumpida.

Un cierre intempestivo y sin planificación

De acuerdo con los documentos que la comunidad presentó ante las autoridades legislativas, la decisión oficial fue comunicada de manera “extraoficial y con apenas dos semanas de anticipación”. El desalojo del espacio se ejecutó en “pleno desarrollo del cuatrimestre y sin que existiera ningún tipo de diálogo previo con los estudiantes, el cuerpo docente o los trabajadores del lugar”.

Según consta en los registros del conflicto, durante el mes de enero de este mismo año el propio municipio ejecutó obras de mejora en el edificio de Don Bosco, incluyendo tareas de pintura, arreglos edilicios y la incorporación de computadoras. Sin embargo, apenas tres meses después, en abril, se ordenó el desarme completo del establecimiento. El trasfondo de la medida se vincula con la decisión del Ejecutivo local de no renovar el contrato de alquiler de la propiedad, lo que dejó desamparada a una institución que atiende a cientos de jóvenes.

Talleres fragmentados y pérdidas pedagógicas

La denominada “reubicación” prometida por las autoridades se ha convertido en el principal foco de reclamo técnico y pedagógico. La comunidad denuncia que la cursada actual se encuentra en un estado de absoluta precariedad:

• Los históricos más de 30 talleres (que abarcan música, teatro, danza, comunicación, artes visuales y técnicas creativas) fueron fragmentados y dispersados en distintas sedes del partido.
• Los nuevos espacios no están adaptados para las disciplinas y las aulas funcionan bajo una modalidad rotativa que impide la continuidad pedagógica.
• Gran parte de los materiales y del equipamiento institucional permanece guardado en cajas, sin un destino claro.
• El dictado de clases del área de fotografía analógica se encuentra paralizado debido a que el laboratorio técnico —que requiere de condiciones específicas de luz e infraestructura para el revelado— no fue trasladado.

A esto se suman “graves problemas de conectividad y accesibilidad”, indicaron los alumnos. La dispersión en múltiples sedes y las actuales deficiencias en el servicio de transporte público local (como la línea de colectivos 707) han provocado que muchos estudiantes de bajos recursos no puedan sostener el traslado diario, forzándolos a abandonar sus estudios.

El reclamo llega al plano legislativo

En paralelo a la protesta callejera, el conflicto institucional sumó un capítulo clave en el plano político. El Concejo Deliberante de San Isidro aprobó de forma unánime una petición formal en la que se le exige al Ejecutivo municipal que brinde respuestas urgentes y detalladas sobre las razones del cierre, la situación contractual del inmueble y las verdaderas condiciones de reubicación de los talleres.

A pesar del avance legislativo y de que los afectados ya han presentado más de 1.300 firmas y testimonios de apoyo en los expedientes oficiales, la respuesta del Poder Ejecutivo comunal sigue siendo nula. Desde la organización vecinal manifestaron su profunda preocupación ante lo que consideran un “bloqueo institucional” y una falta total de canales de comunicación por parte del intendente local, Ramón Lanús, y de la subsecretaria de Cultura, Carolina Ruggero, quienes hasta el momento han evitado recibir a los delegados de la comunidad.

Más que un centro cultural

“Profesores y estudiantes perdemos mucho más que un edificio: perdemos una casa. El acceso al arte y a la cultura no es un gasto, es una inversión y un derecho”, son algunas de las consignas pegadas en las puertas cerradas de la institución.

Alumnos de la institución redactaron un documento colectivo. Entre los testimonios recopilados, los jóvenes reiteran que la Casa de la Juventud funcionaba como un “refugio” y un “segundo hogar” donde encontraron contención y herramientas de desarrollo profesional que no habrían podido pagar en el ámbito privado.

La preocupación de la comunidad trasciende lo estrictamente artístico. El proyecto institucional destaca que la Casa operaba como una red de prevención social y de cuidado de la salud mental de los jóvenes en la zona norte. En un contexto nacional de alta vulnerabilidad emocional para la franja etaria de 15 a 24 años —la más afectada por estadísticas de aislamiento y flagelos sociales —, la destrucción de un espacio comunitario integrado, de escucha mutua y de encuentro intergeneracional representa, según los propios vecinos y profesionales del área, un peligroso retroceso para la seguridad y el bienestar de los jóvenes del distrito.

La comunidad de la Casa de la Juventud ha ratificado que continuará con las medidas de fuerza y la visibilización en el espacio público hasta que el intendente Ramón Lanús acceda a abrir una mesa de diálogo genuina que garantice la restitución de un espacio unificado, digno y definitivo para la cultura joven de San Isidro.

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